Y es que el pasado lunes trascendió que la Segunda Sala Superior de la SCJN encontró elementos que comprueban acciones de inconstitucionalidad en esta iniciativa promovida por el presidente de la Gran Comisión de la pasada legislatura, Manuel Valencia Cardín.

Ello porque al incluir como requisito 20 años de residencia en el Estado para aspirar a la gobernatura, a juicio de los inconformes, coarta las derechos de aquellos que por diversas cuestiones han migrado de otras partes y tienen aspiraciones políticas, además de que el ser nativo de la entidad no garantiza la realización de un trabajo que verdaderamente beneficie a la ciudadanía.

En función de ello y dando seguimiento al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Sala Segunda de la SCJN notificó ayer (miércoles) a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, de donde fue turnado a la Dirección Jurídica, en tanto se determina la contestación en los siguientes seis días hábiles.

Posteriormente el Congreso del Estado determinará si de manera conjunta con el Poder Ejecutivo interponen sus recursos como terceros interesados o lo hacen de manera individual, de modo que a más tardar en un mes, el Pleno de la SCJN emita un veredicto final. (Fuente: diario Quequi)