La respuesta del Ayuntamiento fue presentada personalmente por el director Jurídico de Solidaridad, Pedro Silveira Mena ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondiencia de la SCJN.

En la contestación, dijo, se hace saber a la SCJN el hecho de que el municipio de Solidaridad, no ha violentado el estado de derecho, al pretender, como refiere reiteradamente la parte actora, en diversos momentos de la demanda de controversia constitucional, toda vez que este municipio nunca ha permitido la devastación de una zona protegida como es el Parque Nacional Tulum y la zona de monumentos arqueológicos de la región conocida como Tulum-Tan-Ká, dentro del centro de población que se amplia y, mucho menos con el fin de tener algún aprovechamiento urbano.

Pedro Silverio, agregó que, de igual forma se hace referencia a que hay diversos juicios de particulares que se ostentan con títulos de propiedad otorgados por el Gobierno del Estado y, respecto a esto, en su momento, “la Corte tendrá que decidir sobre el curso de esos títulos”.

Aunado a lo anterior, en la contestación se hace referencia de la zona de la Cláusula del Decreto de Tulum, que habla de la Norma Especial de Zonificación, toda vez que existe una norma especial de zonificación dentro de ese Programa de Desarrollo Urbano de Tulum, la cual se encuentra publicada en el Periódico Oficial del 9 de abril del 2008.

En esta se señala que el 23 de abril de 1981, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declara Parque Nacional con el nombre de Tulum, una superficie de 664 hectáreas, ubicadas en el municipiode Felipe Carrillo Puerto.

Es así que Solidaridad hace referencia en su contestación que, el municipio Tulum nunca ha estado ubicado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, ya que en el año de 1981 Tulum se ubicaba en el entonces municipio de Cozumel y, el 28 de julio de 1993 se creó el municiio de Solidaridad, cuya circunscripción incluye el poblado de Tulum, municipio donde hasta la fecha se ubica.

Silveira Mena, abundó que, además se menciona que el Decreto de creación del Parque Nacional, cuya primera publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el 23 de abril de 1981, fue publicado en segunda publicación en el Periódico Oficial de la Federación, el 30 de abril de 1981. Y que el objeto de ese Decreto fueron precisamente los manglares que albergan diversas especies de flora y fauna que son de características de dicha región.

El funcionario municipal, dijo que también se hizo mención en la contestación que, en ese Decreto estaba jurídicamente complejo pues en primer término declara al Parque Nacional con 664 hectáreas y declara que es de utilidad pública.

Y adicionalmente, se recalcó en la contestación que hace el Ayuntamiento de Solidaridad a la Corte, lo que establece el Articulo Octavo de la Ley Federal de procedimiento Administrativo, toda vez que el acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.

En virtud de lo anterior, comentó Pedro Silveira, el Ayuntamiento de Solidaridad, diseña y elabora una norma especial de zonificación que entraría en vigor, en caso de que la validez jurídica del Decreto de parque Nacional Tulum se afecte parcial o totalmente, al resolver sobre ello una autoridad federal o administrativa o judicial competente.

También se hizo mención de la creación del nuevo municipio de Tulum, con cabecera en la ciudad Tulum, que en fecha 19 de mayo del 2008 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, tal y como consta en la copia certificada que se anexó a la contestación.

El Ayuntamiento de Solidaridad pide también al máximo tribunal de México que el municipio de Solidaridad sea deslindado del presente juicio de controversia y el nuevo municipio de Tulum sea llamado a juicio, por tratarse de un asunto de su competencia. Asimismo, que el municipio Tulum sea tomado en cuenta para subsecuentes notificaciones.

Finalmente, Silveira Mena, dijo que una vez transcurrido el plazo para la contestación de la demanda, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala fecha para la realización de una Audiencia de Ofrecimiento de Pruebas que deberá darse en los 30 días próximos y podrá ampliarse cuando la importancia y trascendencia del asunto así lo amerite. (Fuente: El Quintanarroense)